La iniciativa que será tratada en el recinto fue formulada en base a varios proyectos en el mismo sentido presentado por diversos legisladores y consensuada con la Unión de Trabajadores de la Educación y el Ejecutivo porteño.
La licencia, que se incorporará al artículo 70 del Estatuto Docente, contempla “una percepción íntegra de haberes a las y los docentes con carácter de titular, interino o suplente que padezcan cualquier tipo de violencia de género afectando su seguridad personal, y que por tal motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo”.
La iniciativa del proyecto la llevaron adelante las diputadas del FPV, Lorena Pokoik y Paula Penacca a través del proyecto de Ley 767 del año 2015, a la que se sumaron con posterioridad otros proyectos de diferentes bloques.
Al respecto, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que preside la Comisión, dijo que “se cumplió con el objetivo y misión con respecto a este tema” y agregó que “hoy logremos firmar este despacho por unanimidad las diferentes representaciones políticas no es un hecho menor sino muy importante, porque es una ley que venimos debatiendo hace más de un año y medio”.
Por su parte, Pokoik, autora de uno de los proyectos, sostuvo que "es importante que a la víctima se la acompañe y se le brinde todos las herramientas del Estado para su protección integral. Después de muchas discusiones pudimos ponernos de acuerdo en no tener que obligar a la víctima a realizar una denuncia judicial para poder otorgarle la licencia, como ocurre en otras jurisdicciones".
De esta forma, el dictamen de la comisión fue girado al recinto para que sea tratado el próximo jueves, durante la sesión ordinaria, con el propósito de formalizar una protección legal a los docentes que padecen violencia de género.
“Sabido es que las víctimas de violencia de género necesitan un tiempo y un espacio para recomponerse de la traumática situación atravesada. La licencia por violencia de género brinda la posibilidad de disponer de un tiempo prudencial para recuperarse de las posibles lesiones físicas o psicológicas, reorganizar su vida cotidiana y avanzar en las presentaciones y denuncias necesarias para una solución de fondo al problema”, consideró la diputada del PRO Lía Rueda, quien también elaboró un proyecto sobre el tema.
Y añadió que “este agregado al Estatuto Docente permite a las víctimas recurrir a una licencia específica, sin tener que emplear otras figuras como licencias psiquiátricas o médicas, que muchas veces empeoran su situación de víctimas”.
La licencia, que se incorporará al artículo 70 del Estatuto Docente, contempla “una percepción íntegra de haberes a las y los docentes con carácter de titular, interino o suplente que padezcan cualquier tipo de violencia de género afectando su seguridad personal, y que por tal motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo”.
La iniciativa del proyecto la llevaron adelante las diputadas del FPV, Lorena Pokoik y Paula Penacca a través del proyecto de Ley 767 del año 2015, a la que se sumaron con posterioridad otros proyectos de diferentes bloques.
Al respecto, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que preside la Comisión, dijo que “se cumplió con el objetivo y misión con respecto a este tema” y agregó que “hoy logremos firmar este despacho por unanimidad las diferentes representaciones políticas no es un hecho menor sino muy importante, porque es una ley que venimos debatiendo hace más de un año y medio”.
Por su parte, Pokoik, autora de uno de los proyectos, sostuvo que "es importante que a la víctima se la acompañe y se le brinde todos las herramientas del Estado para su protección integral. Después de muchas discusiones pudimos ponernos de acuerdo en no tener que obligar a la víctima a realizar una denuncia judicial para poder otorgarle la licencia, como ocurre en otras jurisdicciones".
De esta forma, el dictamen de la comisión fue girado al recinto para que sea tratado el próximo jueves, durante la sesión ordinaria, con el propósito de formalizar una protección legal a los docentes que padecen violencia de género.
“Sabido es que las víctimas de violencia de género necesitan un tiempo y un espacio para recomponerse de la traumática situación atravesada. La licencia por violencia de género brinda la posibilidad de disponer de un tiempo prudencial para recuperarse de las posibles lesiones físicas o psicológicas, reorganizar su vida cotidiana y avanzar en las presentaciones y denuncias necesarias para una solución de fondo al problema”, consideró la diputada del PRO Lía Rueda, quien también elaboró un proyecto sobre el tema.
Y añadió que “este agregado al Estatuto Docente permite a las víctimas recurrir a una licencia específica, sin tener que emplear otras figuras como licencias psiquiátricas o médicas, que muchas veces empeoran su situación de víctimas”.
